El kirchnerismo se movilizó frente al edificio de Comodoro Py para plantar su bandera contra el “lawfare” y escuchar el fallo que dio a conocer hoy la Cámara de Casación en la causa Vialidad, que tiene a la exvicepresidenta Cristina Kirchner condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Desde las 8 de la mañana, comenzaron a ocuparse, muy lentamente, las más de 100 sillas dispuestas en la avenida donde están emplazados los tribunales federales para escuchar la clase pública que tiene como protagonistas al dirigente social Juan Grabois, y al ministro bonaerense de Justicia, Juan Martín Mena. La clase llevó por título “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio del lawfare”.

La condena a Cristina Kirchner: por qué no irá presa y qué pasará si quiere ser candidata

“Es el cerdito Comodoro. Comodoro Pig”, atizó Grabois, agitando el peluche de un chancho -que representaban el “chiquero” del edificio a sus espaldas- al tomar el micrófono pasadas las 10 de la mañana. La lectura de la confirmación de la condena se leyó una hora después.

“Este chanchito va a ser rifado en algún momento. Lo lógico sería hacer una subasta porque Comodoro Pig está para el que paga más”, disparó el dirigente, que dio un discurso encendido con el que denunció la “degradación” del sistema judicial, propuso la “demolición” de Comodoro Py y la “destrucción” del Consejo de la Magistratura, un instrumento “inentendible” para el ciudadano de a pie, según afirmó: “Y a ustedes, ¿Quién los votó, muchachos?”, se preguntó el dirigente social.

El dirigente planteó una versión extendida del “Lawfare”, que alcanzó a comprender a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, –con quien tiene un enfrentamiento en la Justicia por la interrupción de la entrega de los alimentos en los comedores– y el desfinanciamiento de las universidades.

“A Cristina la atacan por arriba para saquear y destruir por abajo. Y a los de abajo lo destruyen con el narcoestado. Los mismos jueces que persiguen a Cristina, permitiendo el avance de la narcoestructura”, cargó el dirigente.

Su discurso salpicó también al expresidente Alberto Fernández, quien no emprendió, según su criterio, la “necesaria” reforma del sistema judicial. “Muy valiente con las mujeres y muy cobarde con el poder”, sentenció Grabois.

La mañana en las afueras de los tribunales se fue armando con calma. Pasadas las 9 de la mañana, el horario de la convocatoria, la mitad de las sillas se encontraban vacías, todavía se probaba el micrófono, y se desplegaban algunas de las banderas.

Los tribunales de Comodoro Py se han convertido en el último tiempo en un centro de peregrinaje para el kirchnerismo. La última visita de Cristina Kirchner a los tribunales federales de Retiro fue meses atrás, para prestar declaración en el marco del juicio oral y público contra “los Copitos”, las tres personas juzgadas por estar implicadas en el ataque contra la expresidenta en septiembre de 2022.

“En esta oportunidad ‘Los Copitos de Comodoro Py’ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación”, disparó ayer Cristina Kirchner en una carta, en referencia a los magistrados que integran la sala 4.

La exvicepresidenta apuntaló así el clima de esta mañana, agitando la interpretación por la que el kirchnerismo denuncia una articulación entre el “partido” judicial –como acostumbra a señalar la expresidenta–, los medios de comunicación “hegemónicos” y el poder económico “concentrado”.

“Este juicio es un juicio político, es un juicio de condena a Cristina Fernández de Kirchner por la obra de gobierno, del mejor gobierno de la democracia para la gente”, señaló a LA NACION la diputada nacional y consejera Vanesa Siley.

“Es un escándalo jurídico porque se responsabiliza al presidente de la nación de un delito que jamás podría cometer, puesto que la administración general del estado en su conjunto la tiene el jefe de gabinete luego de la reforma constitucional de 1994″, añadió.

Además, la diputa elevó cuestionamientos sobre la prueba recabada en la causa. “No se consiguieron ni testigos ni peritos que comprueben una relación de causal directa o incluso también sobre sobreprecios, sobre los sobreprecios evaluados acorde a parámetros de la provincia de Buenos Aires”, señaló Siley.

A unos pocos metros de la clase pública, 5 señoras auto convocadas de un grupo llamado “equipo republicano” hacían fuerza contra la clase pública y contraponían otra lectura de los hechos. “No es lawfare es saqueo”, decía uno de los 20 carteles que las rodeaban junto con una docena de efectivos de la ciudad.

La clase pública y abierta avanzó sobre casi la mitad de la avenida Comodoro Py, y se encuentra acordonada por alrededor de 30 efectivos de prefectura, y otros cerca de 20 uniformados de la policía federal. Del otro lado de la calle, otra hilera mixta de uniformados completa el operativo frente a los tribunales.

Itai Hagman, Victoria Freire y Felipe Solá son otros de los dirigentes que estuvieron presentes en los alrededores del escenario, que fue custodiado por una fila de militancia kirchnerista.